El partido Creo acercó una propuesta para un “Pacto de septiembre”, o “compromiso de las fuerzas políticas y ciudadanas para asegurar los principios republicanos en Tucumán”. Explica en su comunicado que Tucumán “lleva décadas de falta de crecimiento ininterrumpido. En gran parte por un sistema que favorece la corrupción, el abuso de poder, el clientelismo y la perpetuación de los políticos en sus cargos. Por ello, debemos llevar adelante reformas para terminar con leyes y una constitución que propician y favorecen este sistema”.
Con ese objetivo, se propone: “1. Reformar el sistema electoral para garantizar la proporcionalidad y la representación ciudadana, dividiendo el territorio en circunscripciones. 2. Respetar la manda constitucional en relación a la implementación de la boleta única electrónica o establecer como instrumento de elección la boleta única papel. 3. Eliminar el sistema de acoples o listas colectoras. Incluir disposiciones de antinepotismo para cargos electivos evitando que familias enteras se eternicen en cargos públicos. 4. Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. 5. Prohibir las dobles candidaturas y las candidaturas testimoniales. 6. Fijar los principios para bajar y eliminar impuestos provinciales regresivos. Puntualmente, eliminar el impuesto de sellos y salud pública y bajar en los próximos doce (12) meses 10% el impuesto sobre los ingresos brutos y en veinticuatro (24) el 20%. 7. Revisar y modificar las cláusulas declaradas inconstitucionales, producto de la última reforma constitucional del año 2006. 8. Dar certeza sobre los puntos cuestionados judicialmente en especial sobre la fecha de llamado a elecciones y la reelección del Gobernador y vice. 9. Fijar metas de reducción del gasto político y establecer mínimos obligatorios de inversión en infraestructura y bienes de capital. Establecer topes máximos al presupuesto del poder legislativo, el cual no podrá superar el 1% del presupuesto provincial. 10. Establecer un sistema de concurso obligatorio y transparente para el ingreso y ascenso de los empleados de la administración pública provincial”.
Para entrar en vigencia, “el texto constitucional sancionado deberá ser sometido a una ratificación popular dentro de los 90 días de su sanción”, proponen. Se comprometen a establecer un cronograma de trabajo y un plan de acción conjunto, realizar consultas ciudadanas para recoger propuestas y opiniones; añade que la convocatoria debe incluir a los partidos provinciales, distritales y nacionales, instituciones intermedias, universidades, ONGs relacionadas y colegios de abogados.